I. Contexto general y posición jurídica del funcionario
La presente minuta tiene por objeto informar de manera completa, clara y jurídicamente fundada la situación en que se encuentra un funcionario que ocupa un cargo de Alta Dirección Pública (ADP) cuando se le solicita la renuncia de forma no voluntaria, así como el marco normativo aplicable, los límites de la autoridad y las acciones que pueden adoptarse.
El sistema de Alta Dirección Pública, regulado principalmente en la Ley N°19.882, establece un régimen especial de selección, evaluación, permanencia y remoción de altos directivos públicos, que combina profesionalización del empleo público con un componente de confianza respecto de la autoridad competente para el nombramiento y remoción. Sin embargo, dicha “confianza” no implica discrecionalidad absoluta ni habilita decisiones arbitrarias, pues toda actuación de la Administración del Estado se encuentra sometida al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, conforme al cual los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley.
En este contexto, la solicitud de renuncia no constituye un acto informal ni meramente político, sino una decisión administrativa con efectos jurídicos directos sobre la continuidad del vínculo funcionarial, la cual debe cumplir estándares de legalidad, razonabilidad y fundamentación suficiente.
II. Naturaleza jurídica de la solicitud de renuncia y deber de motivación
Desde el punto de vista jurídico, la denominada “solicitud de renuncia no voluntaria” no corresponde a una renuncia en sentido estricto, sino a una decisión unilateral de la autoridad que produce el efecto de poner término anticipado a la función pública. En consecuencia, no existe una manifestación libre de voluntad del funcionario, sino una determinación administrativa que debe ajustarse a la ley y ser controlable.
Este punto es relevante, pues determina que no se trata de una decisión informal, sino de un acto administrativo materialmente terminal, sujeto a control de legalidad.
En este sentido, la Ley N° 19.880 establece estándares obligatorios:
• El artículo 11 consagra el principio de imparcialidad, señalando que la Administración debe actuar con objetividad y respeto a la probidad administrativa, y que los hechos y fundamentos de derecho deben siempre expresarse en los actos que afecten derechos de los particulares.
• El artículo 41 establece que toda resolución administrativa debe ser fundada, resolver las cuestiones planteadas y no puede abstenerse de resolver por insuficiencia normativa, debiendo además indicar los recursos procedentes.
De estas normas se desprende un principio central: no existe validez jurídica en decisiones administrativas que afecten derechos funcionarios sin motivación suficiente y verificable.
III. Régimen específico de Alta Dirección Pública (Ley N°19.882, artículo 58)
El artículo quincuagésimo octavo de la Ley N°19.882 establece expresamente:
“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los altos directivos públicos tendrán en materia de remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento.
Durante los seis primeros meses del inicio del respectivo período presidencial, la autoridad facultada para hacer el nombramiento de los altos directivos de segundo nivel jerárquico podrá solicitarles la renuncia, previa comunicación dirigida por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública, la que deberá ser fundada. Dicho Consejo estará facultado para citar a la referida autoridad a informar sobre el grado de cumplimiento del convenio de desempeño y los motivos de la desvinculación del alto directivo.
Cuando el cese de funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca por el término del periodo de nombramiento sin que este sea renovado, el alto directivo tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 148 de la Ley N° 18.834.
Asimismo, en los casos de petición de renuncia de los cargos de segundo nivel jerárquico, la autoridad facultada deberá expresar el motivo de la solicitud, que podrá basarse en razones de desempeño o de confianza.”
De la norma se desprende que la denominada “confianza” no es absoluta, sino que se encuentra estructurada por exigencias legales específicas. En particular, la solicitud debe:
i. ser comunicada por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública;
ii. ser fundada, con expresión de motivos;
iii. basarse en razones de desempeño o de confianza, pero debidamente explicitadas;
iv. someterse a control institucional del Consejo, el cual puede requerir antecedentes o citar a la autoridad.
En consecuencia, la decisión no es libre ni informal, sino jurídicamente regulada y controlable.
IV. Actuación recomendada del funcionario frente a una solicitud de renuncia no voluntaria
Frente a una solicitud de renuncia en el contexto de un cargo de Alta Dirección Pública, es fundamental distinguir si se trata de una renuncia efectivamente voluntaria o de una decisión unilateral de la autoridad que busca producir el término anticipado de funciones bajo dicha apariencia.
En este contexto, la actuación del funcionario debe ser prudente, documentada y jurídicamente informada.
La regla esencial es que la renuncia voluntaria sólo produce efectos jurídicos plenos cuando existe una manifestación libre, informada y no viciada de voluntad.
1. Formalización inmediata de la solicitud
Si la solicitud es verbal o informal, debe exigirse su formalización por escrito, con indicación clara de sus fundamentos de hecho y de derecho. Debe verificarse que:
• provenga de autoridad competente;
• exprese claramente la voluntad administrativa de solicitar la renuncia o poner término a la función;
• contenga fundamentos específicos y no expresiones genéricas.
2. No suscripción de renuncia voluntaria sin voluntad real
No debe firmarse ningún documento de renuncia voluntaria si esta no refleja una decisión libre del funcionario. Debe evitarse especialmente:
• firmas inmediatas bajo presión;
• formularios preelaborados;
• actas que califiquen la salida como voluntaria sin reflejar el contexto real.
La firma de una renuncia voluntaria puede consolidar jurídicamente la desvinculación.
3. Resguardo de antecedentes
Debe conservarse toda comunicación o antecedente relevante, tales como: correos electrónicos; instrucciones; citaciones; comunicaciones verbales posteriormente confirmadas; cualquier elemento que permita reconstruir el contexto de la solicitud.
4. Asesoría jurídica previa
Antes de adoptar cualquier decisión, se recomienda solicitar asesoría jurídica especializada, a fin de evaluar la legalidad de la actuación y sus efectos.
5. Identificación de indicios de irregularidad
Debe prestarse especial atención a:
• ausencia de fundamentos o motivación genérica;
• presión para firmar de inmediato;
• falta de procedimiento formal;
• negativa a entregar información por escrito.
6. Vías de reacción institucional
En caso de irregularidades, pueden evaluarse:
• pronunciamiento ante la Contraloría General de la República;
• acciones jurisdiccionales por vulneración de derechos fundamentales (recurso de protección);
• otras acciones según el caso concreto.
V. Conclusión
El ejercicio de un cargo de Alta Dirección Pública no excluye al funcionario del ordenamiento jurídico ni de los principios de control de la Administración del Estado. Toda solicitud de renuncia no voluntaria debe cumplir estándares mínimos de legalidad, consistentes en ser escrita, fundada, razonable y jurídicamente controlable.
Estos estándares se encuentran establecidos en la Constitución Política de la República (artículos 6° y 7°), en la Ley N° 19.880 (artículos 11 y 41) y en la Ley N° 19.882 (artículo 58), lo que garantiza que la decisión de la autoridad no pueda ser arbitraria ni inmotivada.
Todo acto administrativo puede revisarse o impugnarse. Es fundamental contar con asesoría y/o representación jurídica para ello, más aún cuando claramente no se cumple con los deberes de fundamentación en las decisiones de la Administración.
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